El 12/8/20, la sala cuarta de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires anuló el fallo que había absuelto a los tres acusados(Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel) por la muerte de Lucía Perez.

Los jueces que dictaron la sentencia absolutoria se habían centrado en indagar sobre la personalidad, actitudes, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social e íntima y su carácter. Con esa base, concluyeron que Lucía era una chica con una personalidad fuerte, con carácter, determinada y, por ende, no vulnerable. Evidentemente, para los jueces, no coincidía con el estereotipo de la mujer víctima de violencia de género y violación, que no hubiera podido consentir.

Esta lógica androcentrista y sin ningún tipo de perspectiva de género fue destacada por los magistrados de la Casación Bonaerense. Al respecto, remarcaron que “a las eventuales víctimas de abuso sexual no se las debe catalogar como vulnerables o no vulnerables (…) porque eso sería como tildarlas de abusables o no abusables. Son lisa y llanamente eventuales víctimas de abuso sexual”.

En este tipo de casos, el Estado Argentino tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, que surge de la Convención de Belem do Pará, que tiene jerarquía constitucional (ley 24.632, de 1996), y que implica para el Estado argentino la obligación de actuar con debida diligencia reforzada.

La especial protección que por instrumentos de DDHH con jerarquía internacional y por ley 26.485 gozan las mujeres víctimas de violencia de género no admite resoluciones judiciales que impliquen en una nueva victimización secundaria que, en el caso de Lucía, sufrió aún después de muerta, y atentó contra su intimidad, su dignidad, y la de todo su entorno.

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